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Impactos de la #LSCP: (4) mayor carga para el erario público.

El impacto presupuestario de la normativa será positivo. Así lo afirma el Gobierno en la Memoria de análisis de impacto normativo del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (ALSCP). En este sentido, sostiene que la eliminación de la colegiación en determinadas profesiones reduciría la carga de deducciones en el IRPF. Es decir, el Estado se ahorraría parte de la cuantía destinada a las deducciones por colegiación. Pero, ¿se han valorado todos los impactos?, ¿qué ocurriría con los ingresos y el gasto público?

Las Administraciones tendrían menos ingresos públicos… 

Si bien es cierto que el Estado se ahorraría esas deducciones al suprimir la colegiación en las profesiones -aquellas que no figuran en la Disposición Adicional Primera del ALSCP-, esa situación conllevaría una disminución mayor de los ingresos por un motivo esencial: la subida de las primas de seguro de responsabilidad civil (RC) de los profesionales.

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Impactos de la #lscp: (3) efecto negativo sobre el consumo de servicios profesionales

 

Según la Memoria de análisis de impacto normativo del ALSCP se afirma que el consumo de servicios profesionales sería una de las variables afectadas de forma más positiva. ¿La razón? El incremento del consumo se explica por la caída de precios, que conlleva un incremento del salario real, así como por el aumento del empleo. Pero va más allá y expone que esta nueva regulación se traduciría, en definitiva, en una reducción de los precios del 7%. De este modo, podemos extraer una conclusión principal de inicio: sostienen que la demanda de servicios profesionales es elástica. Es decir, que ante una bajada del precio de un 1%, nuestra cantidad demandada de estos servicios crecerá más de un 1%. No obstante, antes de entrar en materia, hagámonos una pregunta: ¿Si el precio del servicio de un abogado o arquitecto, como ejemplo, pasara de 100 a 93, iríamos de repente a consumir sus servicios? Más aun, ¿lo haríamos sabiendo que ya no están bajo el control colegial? 

La demanda de servicios profesionales es inelástica,… 

Cuando se observan diferentes estudios que han analizado de cerca el comportamiento del mercado de servicios profesionales se encuentra una conclusión común y es que la demanda de estos servicios por los consumidores es particularmente inelástica. En este sentido, si el precio del servicio profesional se reduce un 1%, la cantidad demandada crece menos de un 1%. En concreto, al exponer los resultados de estos estudios, entre los que destacan el realizado por Mackinac Center o la consultora Copenhagen Economics, entre otros, se desprende que el grado de inelasticidad de los servicios profesionales se encuentra en el entorno del 0,5. ¿Qué significa esto?, que si el precio disminuyera un 1%, sólo incrementaríamos la cantidad demanda de servicios profesionales un 0,5%. Sin embargo, son conclusiones que operan en mercados donde los profesionales se encuentran bajo el modelo colegial. Por ello, la pregunta que subyace a estas conclusiones es cómo se comportará a partir de ahora, la demanda de los consumidores si los profesionales no están sujetos a un control deontológico a través de la colegiación. La posible respuesta la dio el economista Hayne Leland; éste sostiene que si los consumidores perciben un menor control sobre la calidad que ofrecen los profesionales, mostrarán una mayor rigidez en la demanda de estos servicios, es decir, más inelasticidad.

…por tanto, la no colegiación dará lugar a una reducción del consumo de servicios profesionales. 

Es necesario incidir en que el mercado de servicios de las profesiones colegiadas es sensiblemente diferente en su funcionamiento a otros mercados de servicios. En este sentido, una posible bajada del precio de los servicios profesionales afectados por la no colegiación no sería compensada en la misma medida por la cantidad demandada. Así, la variable consumo mostraría una bajada que según los cálculos de Unión Profesional reflejados en las Alegaciones de impacto económico y social al ALSCP podría suponer una disminución de 1.241,52 M€ en un periodo de 5 años si el precio de estos servicios profesionales prestados sin colegiación bajara un 1%. Por ello, acometer una regulación de este calado requiere un mayor y profundo análisis común entre el gobierno y las corporaciones colegiales con el fin de establecer un marco regulador lo más equilibrado posible.

 

"La supresión de la colegiación en algunas profesiones podría suponer una reducción del PIB 3.300 millones de Euros y un alto coste social" (Carlos Carnicer)

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El lunes 23 de septiembre, finalizó el plazo establecido por el Gobierno para la remisión de las alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales aprobado el 2 de agosto en Consejo de Ministros.

La Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid envió sus alegaciones, a pesar de las fechas en las que se publicó y de plazo límite que dio el gobierno para enviarlas, como podemos leer más arriba. La Asociación ABDM, ha planteado alegaciones a los artículos: 7. Restricciones al acceso, 25. Creación de Colegios profesionales y 28. Denominación, proponiendo cambios que aclaren, definan mejor estos aspectos o corrijan posibles perjuicios para los objetivos de nuestra asociación.

Por su parte, organizaciones como Unión Profesional (UP), asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas y a la que se ha dado audiencia directa, ha hecho llegar al Ministerio de Economía y Competitividad su documento común de alegaciones donde se recogen las principales inquietudes del sector con respecto al texto aprobado en el que, según ha reiterado Carlos Carnicer, presidente de UP, “no se han tenido en cuenta las consecuencias que la liberalización de los servicios profesionales tiene en la defensa de los derechos de los ciudadanos”. Carnicer destaca que “se trata de un sector de dinámica diferente a otros mercados por lo que no tenerlo en cuenta lleva a un planteamiento de base errónea”. El documento de alegaciones de UP gira en torno a tres cuestiones esenciales para el sector colegial: la colegiación, la autorregulación y la interlocución.

Colegiación.

En relación con la colegiación, las profesiones agrupadas en Unión Profesional ponen de manifiesto los impactos económicos y sociales que se producirán por la apertura de los campos de ejercicio profesional a operadores que no estén bajo una sujeción de normas mínimas de comportamiento en garantía de los derechos de consumidores y usuarios. De ahí la necesidad de mantener la colegiación en todas aquellas profesiones cuyo ejercicio afecte a la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medio ambiente, como son las sanitarias, las jurídicas o las técnicas (en su más amplio ejercicio), pero también los psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física. Al tratarse de bienes de confianza, la dificultad de poder comprobar la calidad de los servicios profesionales (gracias a la garantía que ofrece la colegiación) supondrá un significativo impacto en términos económicos. Según un estudio realizado por Unión Profesional, se calcula que la falta de control al suprimir la colegiación de 616.000 profesionales que serían los afectados por el texto podría suponer una reducción en el PIB de 3.317 millones de euros en cinco años, resultado de la afectación principal en consumo e inversión.

Autorregulación.

En lo que a la autorregulación respecta, se resalta el hecho de que las corporaciones colegiales tienen funciones públicas encomendadas por la ley con el fin de garantizar su independencia. En este sentido, la función de control que se otorga a las Administraciones Públicas supone una injerencia en estas organizaciones de la sociedad civil, convirtiéndolas en un órgano administrativo inferior y subordinado al correspondiente Departamento o Ministerio y quebrando su imprescindible independencia. Además, los supuestos que legitiman la intervención de la Administración de tutela (insuficientemente descritos) son completamente desproporcionados a las consecuencias o efectos como es la disolución de la Junta de Gobierno, lo que vulnera el principio democrático.

En las alegaciones, UP también resalta la especial gravedad que supone la inclusión del código deontológico en los Estatutos Generales que deberán ser aprobados por el Gobierno. Rompe totalmente con la autonomía, independencia e imparcialidad esencial de los colegios profesionales, otorgando al Ejecutivo una función de fiscalización y apoderamiento. Se asumen los criterios de transparencia y buen gobierno recogidos en el texto que constituyen una realidad en la ya modernizada trayectoria de los colegios profesionales que, en términos de regulación equilibrada, favorecen la economía con la aportación de seguridad jurídica y eliminan costes y burocracia mediante un papel social de equilibrio y garantía institucional, cuya degradación producirá también costes sociales.

Interlocución.

Por último, desde UP también se destaca la necesidad de que se establezca una interlocución del Gobierno con el subsector de los servicios profesionales, y sus organizaciones colegiales, real y efectiva para el mejor y más eficiente funcionamiento del sistema democrático. Esta aspiración largamente formulada por Unión Profesional a los Gobiernos y que tiene referentes, por ejemplo, en Francia, produciría ahorro de costes, mayor eficiencia y mejor resultado en las normas de este subsector muy sensible para los derechos de los ciudadanos.

En palabras del presidente de Unión Profesional, “en las alegaciones remitidas al Ministerio de Economía transmitimos esencialmente el significado e impacto de la colegiación como garantía para los ciudadanos de que quien les atiende cuenta con los conocimientos, la formación y el adecuado comportamiento para ejercer”. Carlos Carnicer reitera que “al afectar a la salud y seguridad de las personas, a sus bienes o patrimonio, esa garantía de calidad sobre los servicios de los profesionales resulta imprescindible y, por ello, desde los colegios profesionales no cejaremos esfuerzos en proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

>> Ver Resumen de Alegaciones UP al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

Fuente: Unión Profesional: Notas de prensa.