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UP, contraria a que se publique el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales sin interlocución previa

CGAbogaciaEspañola

El anuncio del Ministro de Economía y Competitividad de la semana pasada sobre la aprobación del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales “en los próximos Consejos de Ministros antes del Verano” no se corresponde con la imprescindible interlocución previa del citado Ministerio proponente con el conjunto de las profesiones reunidas en Unión Profesional, que agrupa 35 Consejos y Colegios Profesionales de ámbito estatal y que representa a 966 Colegios Profesionales territoriales con una base de 1.404.000 profesionales colegiados.

Desde que se anunciara la reforma del sector, la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía ha recibido a muchos Consejos y Colegios profesionales, y a la propia Unión Profesional, que han informado unilateralmente sobre aspectos parciales de la gestación del borrador del Anteproyecto. No obstante, no se ha dado traslado oficialmente de  ningún texto sobre el cual poder trabajar conjuntamente, lo que es necesario para regular un sector tan sensible como el de los servicios profesionales.

La posible publicación de este Anteproyecto a primeros de agosto, tal y como ha manifestado el Ministro, conllevaría un periodo de alegaciones en este mes, lo que sería no sólo gravoso sino que menoscabaría la participación de los múltiples colectivos afectados.

Por este motivo, desde las profesiones colegiadas reunidas en Unión Profesional reclaman nuevamente el establecimiento de una interlocución real y efectiva de cara a la elaboración de una Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que venga a garantizar la independencia de las corporaciones colegiales, y sus funciones, para la mejor defensa del interés general y  la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El proceso prelegislativo así realizado supone un menosprecio al subsector de servicios profesionales y a los colegios, que son sus organizaciones de ordenación y control, así como una desconfianza injustificada que se manifiesta en la falta de una efectiva interlocución política y técnica, a pesar de haber sido solicitada en varias ocasiones. Ello supone llevar a cabo una propuesta legislativa a espaldas del sector, siendo justo lo contrario a lo que se había planteado al inicio de la legislatura, despreciando con ello lo positivo y beneficioso que pueden aportar los Colegios profesionales españoles que cuentan con su organización estatal y multidisciplinar, Unión Profesional, creada hace 33 años, todo lo cual es impropio de un Estado de derecho.

Fuente: Consejo General de la Abogacía Española:

 

Los colegios responderán de daños que causen sus profesionales

Expansión-logo1El pasado día 17 de julio, Expansión (sección de Economía/Política, página 18) publicó un artículo de Mercedes Sarraller relacionado con el nuevo anteproyecto de ley de colegios profesionales. Como reza en el título del post y como elemento más destacado del anteproyecto de ley, se preveé que los colegios profesionales sean responsables sociales subsidiarios de los daños que provoquen sus colegiados por mala práxis profesional.

Lo que resulta más preocupante es lo que se indica respecto al número de colegios existentes en la actualidad. El número de colegios podría verse reducido, en función del carácter obligatorio u optativo de su colegiación. Se eliminarían, pues, paulatinamente los que no requieran éste requisito para ejercer y quedando solo los que resulte necesario, en base a que sus actividades puedan tener un impacto directo en materias de especial interés general: salud, integridad física o seguridad personal o jurídica.

Aquí os resumimos la noticia, indicando las claves del anteproyecto.

Más obligaciones y controles para los colegios profesionales.

  • Coexistirán los colegios obligatorios y los de participación voluntaria, lo que aclara el marco: ahora son todos obligatorios, pero en la práctica, el 60% no exige la colegiación. Los que no sean obligatorios irán desapareciendo. De los 1.650 que hay ahora podrían quedar unos 500. La creación de un colegio será por ley.
  • El nuevo borrador no establece una lista de profesiones con colegiación obligatoria, pero dice que será para las que puedan impactar en materias de especial interés general –salud, integridad física o seguridad personal o jurídica–.
  • Este criterio implica que pervivirán 18: médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores, ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos, a los que se sumarán, probablemente, los psicólogos clínicos. Ingenieros y arquitectos técnicos contienen a su vez 10 y 9 variantes, respectivamente.
  • Se incrementa la responsabilidad de los colegios, que responderán subsidiariamente de los daños que causen sus profesionales que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional.
  • La Administración preceptiva –comunidad autónoma, Diputación provincial, etc.– podrá intervenir un colegio que incumpla sus funciones de potestad pública.
  • Se establecerán incompatibilidades para los cargos directivos del colegio. El código deontológico será único en todo el Estado y los órganos deontológicos serán independientes de los del gobierno colegial.
  • El impago de cuotas en la colegiación obligatoria no podrá acarrear la inhabilitación. Los colegios deberán separar los servicios obligatorios de los voluntarios y publicar el precio de cada uno. La suscripción de seguros a través de los colegios será voluntaria.
  • Todos los colegios están obligados a presentar sus cuentas y los de colegiación obligatoria, auditadas.
Fuentes:
 

El Gobierno modifica los plazos relacionados con enseñanzas universitarias y de doctorado

El Consejo de Ministros del pasado 12 de julio aprobó la modificación de plazos relacionados con enseñanzas universitarias y de doctorado, a través de un Real Decreto (RD) que a su vez modifica tres anteriores (RD del 29 de octubre del 2007; RD del 28 de enero de 2011; RD del 14 de noviembre del 2008).

Con respecto al RD del 29 de octubre del 2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, con el nuevo texto se establece una moratoria de dos cursos del plazo para la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales, que en el caso de los másteres universitarios debía producirse antes de cumplirse cuatro años. Debido a que en estas fechas, acabado el curso 2012/2013, quedarían del orden de 1.900 másteres con necesidad de obtención de renovación de acreditación, el Gobierno aprueba esta moratoria, permitiendo que durante el curso 2013/2014 poner en marcha este proceso de renovación para aquellas universidades que ya tienen preparados sus títulos para someterlos a este examen de acreditación.

En el caso del RD del 28 de enero del 2011, por el que se regulaban las enseñanzas oficiales de doctorado, teniendo en cuenta que el límite temporal para llevar a cabo esta adaptación estaba previsto para el curso 2013/1014, se decide igualmente ampliar el plazo establecido por un curso académico, esto es, hasta el comienzo del curso 2014/2015, aunque se mantiene la fecha del 30 de septiembre del 2017 como límite para la extinción definitiva de los programas regidos por el Real Decreto del 29 de octubre anteriormente señalado.

El texto aprobado por el Consejo de Ministros, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 13 de julio se refiere también a la modificación del RD del 14 de noviembre del 2008, por el que se regularon las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. Dicho RD recogía dentro de la fase general de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias de Grado, un tercer ejercicio de lengua extranjera (incluida prueba oral y escrita), que debía ser valorado a partir del curso 2013/2014. Debido a la futura aprobación parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la implantación de la prueba oral se aplaza hasta el curso académico 2015/2016, ya que es muy posible que tras dicha aprobación el actual sistema de acceso a la universidad sea remodelado de manera global.

Según se advirtió en el Consejo de Ministros, durante el proceso de elaboración de este nuevo Real Decreto 534/2013 de 12 de julio fueron consultadas las Comunidades Autónomas. Además, de dichas modificaciones han estado informados el Consejo de Universidades, el Consejo Escolar del estado y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Fuente: Unión Profesional: Noticias colegiales