Propuestas sobre el Proyecto de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España

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Propuestas sobre el Proyecto de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España

 

Ayer día 30 de septiembre de 2014 concluyó el primer plazo de ampliación de enmiendas (ahora ha vuelto a ser ampliado hasta el día 7 de septiembre) a la Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España, que está en fase de proyecto de ley.

Como ya hicimos en la anterior fase de anteproyecto, hemos redactado una serie de propuestas para que sean tenidas en cuenta por los legisladores de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, a la hora de dar forma definitiva al texto de ley.

En este sentido, cabe destacar que, en un reunión con una diputada de la Comisión de Cultura que quería intercambiar opiniones con nosotros y tras la cuál redactamos el texto que ponemos a continuación, nos comentó que a parte de las organizaciones sindicales que tienen presencia en la Biblioteca Nacional de España, sólo la Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalista de Madrid, había planteado un texto de propuestas, alegando que ciertos artículos podrían ser mejorables en la fase de anteproyecto de ley.

Esperemos que, ahora que hay una segunda ampliación de la fase de enmiendas, otras organizaciones profesionales de representación y defensa de la profesión, aprovechen la ocasión y dirijan, como hemos hecho nosotros, sus propuestas de mejora la los miembros de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.

Esta ley es vital para el futuro de la Biblioteca Nacional y para el trabajo que los profesionales de las Ciencias de la Documentación realizan en esta tricentenaria institución.  

A continuación ponemos nuestras propuestas.

Logo de la Asociacion ABDM

I. Que teniendo conocimiento que en el Congreso de los Diputados de las Costes Generales actualmente se está debatiendo el Proyecto de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España (121/000108) y estando en fase de enmiendas, como que anteriormente formulamos en trámite de información pública una serie de alegaciones enviadas por correo electrónico a la dirección: sugerencias.normativa@bne.es, (puesta a disposición del público a tal efecto), consideramos igualmente de interés público y por ello venimos mediante el presente escrito a dar cuenta e informar a su Grupo Parlamentario del entendimiento de estos profesionales sobre el texto presentado a debate en la Cámara.

II. En primer lugar debemos realizar una somera presentación de nuestra Asociación. La Asociación ABDM se constituyó en el año 2012 como asociación dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Está formada por profesionales titulados en Información y Documentación (denominación del actual Grado universitario pero, también Licenciados en Documentación, Diplomados en Biblioteconomía y Documentación y otros titulados universitarios con conocimientos y experiencia en el mundo de la información y documentación) y que comprende las tradicionales profesiones de archiveros, bibliotecarios y documentalistas, así como las que están surgiendo en estos tiempos. El objetivo vehicular de esta asociación es poder constituirse en Colegio Profesional a fin de garantizar a la sociedad en general, como a los profesionales del sector en particular, las herramientas necesarias para la adecuada conservación, preservación, tratamiento y divulgación de la información, en cualquier soporte tangible e intangible y de todos los ámbitos del saber.

Desde ese punto de vista, es obvio que la Biblioteca Nacional de España (en adelante BNE) representa el paradigma y máxima referencia bibliográfica de España por lo que, como profesionales del ramo, consideramos nuestra obligación en pos de la actual ciudadanía como de las generaciones venideras el mostrar el mayor celo posible y apostar por las oportunas garantías normativas, máxime en tiempos tan caóticos como los que estamos viviendo.

Siendo de interés considerar,

1. En cuanto a la Naturaleza y objeto del proyecto de ley.

Efectivamente, conforme a la exposición de motivos del preámbulo, entendemos que la Biblioteca Nacional de España, es la institución bibliotecaria por excelencia y marco de referencia en España, por lo que debe mantener los principios de su creación, esto es: reunir, catalogar, conservar, difundir y transmitir el patrimonio bibliográfico y documental español y sobre España publicado en el extranjero, como fuente de conocimiento para toda la sociedad española e internacional, y como bien es cierto, desde hace tiempo mantiene una apertura presencial a toda la ciudadanía.

No obstante, debemos significar que en el articulado del proyecto echamos a faltar una mención específica a la especialidad de muchos de sus fondos desde el punto de vista de la preservación, ya que la BNE tampoco se trata de una biblioteca pública corriente o una mera sala de lectura, pues de sus fondos se nutren especialistas e investigadores de todo el mundo (como bien se hace referencia en el artículo 3.2,a). Por tanto, consideramos oportuno el recoger esta referencia a la hora de consultar los fondos especiales, con el fin de limitar el acceso presencial o “in situ” sólo a investigadores acreditados y profesionales titulados en Ciencias de la Documentación (Archivística, Biblioteconomía y Documentación), pero sin que ello signifique que el resto de usuarios no puedan acceder a la información de los mismos, por ejemplo, a partir de una copia facsímil o digitalizada -todo ello, como sucede en la actualidad-.

Igualmente, aunque en preámbulo se justifica la presente necesidad normativa en orden al nuevo paradigma informático digital que supone Internet o la información distribuida a través de las redes, nos resulta escasa la sola mención como función que se efectúa en el artículo 3.2,b. Cabe realizar una concreción más precisa de este artículo, con objeto de evitar posibles abusos o excesos la hora de interpretarlo y plasmarlo en el Estatuto de la BNE.

2. Deficiente dotación de especialistas en Información y Documentación (Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas) y organizaciones profesionales.

 Así en el artículo 3.3,b) se indica “Participar activamente en foros y asociaciones profesionales, así como en programas y proyectos, tanto de ámbito nacional como internacional fundamentalmente aquellos de ámbito europeo e iberoamericano”.

Todos estos términos resultan escasos o, si cabe, ambiguos, teniendo en cuenta que existen otras organizaciones a nivel nacional e internacional además de foro y asociaciones profesionales. Tanto en España como en Europa existen varias federaciones, fundaciones y colegios profesionales sin mencionar otras organizaciones que actúan a nivel mundial (IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions) o que tiene gran prestigio internacional (ALA: American Library Association). Así pues, recomendamos modificar el artículo de este modo: “Participar activamente en foros así como en federaciones, fundaciones, colegios, asociaciones y otras organizaciones profesionales, así como en programas y proyectos, tanto de ámbito nacional como internacional fundamentalmente aquellos de ámbito europeo e iberoamericano”.

Por otro lado en el artículo 3.3,c) se indica “Fomentar y colaborar en programas de formación vinculados con la profesión bibliotecaria“.

Ese término resulta limitativo y parcial, pues la profesión bibliotecaria está integrada hoy en día en el título de Grado en Información y Documentación, donde se engloban la archivística, la biblioteconomía y la documentación (las cuales forman parte de las Ciencias de la Documentación) y cuya obtención faculta a sus titulados a ejercer labores de archiveros, bibliotecarios y/o documentalistas, máxime cuando el propósito es dotar a la BNE de nuevos medios tecnológicos de gestión de información y documentación donde los estos profesionales son los especialistas por excelencia. Por tanto, consideramos apropiado modificar el concepto de “profesión bibliotecaria” por “las profesiones de las Ciencias de la Documentación” o por “la profesión bibliotecaria y documental”.

En relación al artículo 9.1, con fortuna se hace referencia a profesionales del ámbito bibliotecario y documental y aunque no queda muy claro si pueden o no estar incluidos o excluidos por ejemplo los libreros o los editores. Entendemos, que de apostarse por una interpretación limitativa al ámbito bibliotecario, podría hacerse referencia a “funcionarios y titulados en Archivística, Biblioteconomía y Documentación” o “funcionarios y titulados en Ciencias de la Documentación”.

Sería muy recomendable y deseable añadir un párrafo bien en la exposición de motivos o bien en su articulado, que haga mención al nuevo Grado en Información y Documentación, a los anteriores títulos de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación y de Licenciado en Documentación, y a que habiendo obtenido cualquiera de estos títulos, especialmente el primero, se puede ejercer como archivero, bibliotecario y/o documentalista, así como la definición de Ciencias de la Documentación y las especialidades de las que están formadas: archivística, biblioteconomía y documentalista. No parece comprensible que se haga poca o escasa referencia a los estudios que facultan a las personas que han obtenido su correspondiente título, a ejercer las profesiones mencionadas.

3. Patronato como órgano rector colegiado

 Nos preocupa el sistema elegido en la formación del Patronato, ya que en el artículo 6.3 se establece una base de once vocales natos de los cuales tres serán “representantes de las bibliotecas de las comunidades autónomas, designados rotatoriamente por la Confederación Sectorial de Cultural”.

Si se apuesta por una amplia representación, teniendo en consideración que pueden nombrarse hasta treinta vocales, resulta difícil de justificar que sólo tres miembros de los once natos representen a las comunidades autónomas y además, se deja “in albis” la forma o inicio del sistema rotatorio para elegirles. Además, resulta incomprensible que los tres últimos representantes de las Comunidades Autónomas tengan que verse postergados a décadas sin tener voz y voto en el Patronato. Por ello entendemos razonable que, si bien el patrimonio cultural de la BNE corresponde al Estado pero se pretende dar voz y voto en la toma de decisiones a las Comunidades Autónomas, que también atesoran en sus territorios patrimonio cultural español, deberían incluirse como vocales “natos” a, al menos, un representante de cada una las diecisiete Comunidades más las dos Ciudades Autónomas.

En cuanto a los vocales designados arbitrariamente por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte (artículo 6.4), se señala que se designarán “entre las personas de reconocido prestigio o competencia en el ámbito de la cultura”. En este punto, nos resulta excesivamente vago el término “ámbito de la cultura”, pues hoy en día cualquier personaje público tiene cabida -el término cultura- y no por ello tiene porque denotar ninguna capacidad con relación a los fondos de la BNE. Por ello, consideramos que debería apostillarse dicho término.

Lo mismo acontece con la designación de personas “de la investigación científica y la economía”, en este caso es loable apostar por la cualificación pero, no alcanzamos a entender muy bien para qué se fijó el concepto jurídico de colaboración institucional, del que se hace gala en la Justificación de la Exposición de Motivos del proyecto de ley (párrafo 6º). Sería más equilibrado y garantista que aquellas designaciones atendieran, por ejemplo, a representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), o a contar con representantes de la economía bien adscritos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al Banco de España, a la Agencia Tributaria, Instituto de Estudios Fiscales (IEF), etc.; esto es, personas capacitadas y comprometidas con la función y el servicio público.

En todo caso, a nuestro leal entender, consideramos más adecuado que todos aquellos que en el proyecto se determinan como vocales arbitrariamente designados por el titular del Ministerio rector por pertenecer al ámbito de la cultura, las ciencias y la economía se integrasen como parte de los órganos consultivos o científicos (artículo 4.2 ó artículo 10) y, por el contrario, se designasen como vocales además, de en el comité científico a especialistas (funcionarios o no) en archivística, biblioteconomía y documentación, ya que se encuentran dentro de la función básica de la BNE.

4. Respecto al capítulo económico.

A) Se señala en el artículo14.1.e) puesto en relación con el artículo 15.4 que la BNE obtendrá ingresos por vía de venta de publicaciones, préstamo interbibliotecario, reproducciones, búsquedas bibliográficas, de cursos, o de cualquier otra actividad relacionada con la documentación e información.

En este punto, entendemos que tal y como está redactado el precepto contempla la posibilidad de realizar competencia desleal e, incluso, con abuso de autoridad sobre las empresas y autónomos del sector privado. Recomendamos que se añada un párrafo más para clarificar que la BNE no tiene un interés puramente mercantilista en esta vía de financiación ni tampoco desea entrar en competencia desleal con el sector privado:

“La Biblioteca Nacional Española, regulará esta vía de obtención de ingresos vigilando que, por su precio y por su promoción, no incurra en competencia desleal y con abuso de posición dominante con sociedades mercantiles y cooperativas o profesionales autónomos del sector privado, que pudieran realizar las mismas actividades anteriormente descritas”.

B) En la misma línea, el artítculo16 faculta para “participar” en sociedades mercantiles a la BNE. Con los debidos respetos, reiteramos que no parece prudente que una institución pública como esta pueda mercantilizarse de tal forma, ya que el alcance de esa redacción (al utilizar el término participar en el capital social de sociedades mercantiles –A., S.L., S. Cooperativa, S.A.L, S.L.L., S. Colectiva, S. Comanditaria–) podría involucrar a la BNE en procesos civiles, laborales, penales o mercantiles (incluido los concursares), sin perjuicio de entrar en competencia desleal y abuso de posición dominante con sociedades mercantiles y cooperativas o profesionales autónomos, ya que no se puede configurar como monopolio.

No consideramos que la BNE deba “participar” en sociedades (artículo 16), ni siquiera el que cree “sociedades estatales”. En el mejor de los casos, debería cambiarse el término “participar” por “colaborar” o “promocionar”.

Si por el contrario, lo que se quiere concluir es que la BNE participará en “empresas públicas” debe especificarse con el término “empresas públicas o de carácter público” y además, debe indicarse que estas empresas públicas deberán atender a los criterios de servicio y control públicos.

C) En cuanto a la contratación pública (Licitaciones), no parece configurarse adecuadamente que la contratación de empresas para que trabajen en la BNE deberá responder a un principio de necesidad y especialidad dentro de un proceso abierto, público y con todas las garantías de competencia licitadora, pero con especial determinación del cumplimiento de los perfiles profesionales necesarios para la realización de tareas específicas como, por ejemplo, la catalogación de documentos que pertenecen al fondos moderno o al fono antiguo.

Esto se pone especialmente de manifiesto en el gran número de profesionales contratados por empresas de externalización de servicios que realizan su trabajo en la BNE bajo presión, amenaza de despido, incluso sufriendo EREs, y con sueldos que no se acercan ni los mil euros netos. Además de ello, se han dado varios casos de cesión ilegal de trabajadores, con lo cual, es primordial regular adecuadamente la contratación de personal externo que desarrollo su labor en la BNE, máxime, cuando todo ello puede provocar perfectamente un ambiente laboral proclive a los fallos, falta de rigor y a un esfuerzo mínimo por parte de estos trabajadores, esto es, una merme considerable de la calidad de los trabajos.

5. Reserva exclusiva de puestos de trabajo.

En el Preámbulo y la Disposición Adicional Única se señala que para mayor difusión internacional, “del patrimonio plurilingüe del Estado español”, se usaran otras lenguas oficiales del Estado.

Sin querer entrar en consideraciones gramaticales y conceptuales por obvias y en cuanto a dónde se dice, casi al final, “y aquella que se ofrece a los visitantes, el uso de las distintas lenguas oficiales del Estado.”, lo cierto es que el postrero o fáctico resultado conduce a la vulneración el derecho a la igualdad en el acceso al trabajo. Es decir, que según esa redacción los trabajadores o funcionarios que atiendan al público (ya sea “in situ”, telefónicamente, por Internet) sólo podrán ser ciudadanos parlantes en catalán, valenciano, vasco o gallego, y por contra, no se somete a una contraprestación de contratación a sólo hispanoparlantes en el mismo sentido en instituciones bibliográficas sitas en los territorios con lenguas cooficiales. De establecerse la reserva fuera de territorios con lenguas cooficiales, deberían fijarse en esos casos excluyentes cupos entre mujeres y hombres, entre razas o etnias (con priorización de la autóctona gitana y su lenguaje caló), de discapacitados, etc.

Estamos a favor de la divulgación de la cultura y la ciencia en todas las lenguas nacionales como internacionales pero eso, no puede generar discriminaciones de ninguna naturaleza contrarias a las leyes jerárquicamente superiores.

6. En otro orden de cosas, más bien tendentes a desarrollarse en el Estatuto.

Señalaremos sobre:

A) El acceso presencial a la BNE:

Debería autorizarse el acceso a menores (de 14 años), pues está demostrado (conforme figura en las publicaciones de los Boletines Oficiales que niños han sido capaces de realizar trabajos de investigación premiados oficialmente). No obstante, en estos casos se debe contar con la autorización parental y de un profesor-tutor titulado, el que determinará el proyecto de investigación y, el menor deberá estar en todo momento acompañado por uno de los dos responsables.

El acceso a mayores de 14 años hasta 18 años, debe contar con el autorización de un profesor determinando el proyecto de investigación.

Que la BNE pueda convenir acuerdos con los colegios profesionales y asociaciones relacionadas con las Ciencias de la Documentación (archivística, biblioteconomía y documentación), como Universidades respecto a investigadores que con la acreditación de esas entidades no se exija el acreditar la titulación universitaria y profesional, cuando las correspondientes acreditaciones garanticen la capacidad del investigador o profesional en Ciencias de la Documentación.

B) En la cesión de fondos para exposiciones:

En la cesión de fondos para exposiciones, deberá seguirse el rigor exigido para las obras de arte, como el que se lleva a cabo en museos.

 

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