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La necesaria existencia de los colegios profesionales

colegios
Los que estamos convencidos de la necesidad de un colegio profesional de archiveros, bibliotecarios y documentalistas en la Comunidad de Madrid, no necesitamos más justificaciones ni explicaciones del porqué, sin embargo aquí podemos leer un interesante artículo sobre lo que representan las profesiones colegiadas en el conjunto de la economía española, escrito por José C. Losilla Rayo, Presidente del Colegio Oficial de la Ingeniería Técnica Minera de Ciudad Real, y publicada en Lanza Digital:

“El nacimiento de los Colegios Profesionales en Europa en el siglo XI, como asociaciones de trabajadores (craft-guilds) que incorporaban intereses profesionales y particulares, tuvo un resultado importante, dando lugar al surgimiento de las universidades en Bolonia, París y Oxford en todo el año 1200.

En España, se comenzaron a impulsar desde los claustros de las universidades como órganos de agrupación de profesionales en pro de la defensa de sus derechos, siendo los primeros colegios los relacionados con actividades sanitarias y jurídicas.
Desde su origen hasta la actualidad, los Colegios Profesionales han sobrevivido a los envites de la cambiante legislación, habiéndose modificado el articulado de la legislación vigente (Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales) en numerosas ocasiones aunque ha mantenido la misma estructura que poseía en origen.

Esta Ley define a los Colegios Profesionales como “corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.”

Actualmente, la Constitución Española ampara la creación de los Colegios Profesionales en los artículos 26 y 36, respectivamente.

Como se desprende de esta legislación, los Colegios Profesionales, en España, desempeñan un triple papel:

  • La ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación exclusiva de las mismas y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, contribuyendo, de este modo, a garantizar una mayor eficacia y operatividad.
  • Elaboran orientaciones éticas (códigos de deontología profesional).
  • Disponen de la posibilidad de sancionar a los colegiados que incumplan los dictados de los códigos deontológicos.

Con la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley Ómnibus) se han incorporado a la normativa de los Colegios Profesionales el desempeño de las profesiones bajo libre competencia, el cumplimiento de la leyes de defensa de la competencia y competencia desleal, así como diversos trámites de adaptación de requisitos de colegiación a esta Ley.

Además, la publicación del R.D. 1000/2010, de 5 de agosto, sobre el visado colegial obligatorio, ha menoscabado uno de los conceptos sobre los que se asientan los Colegios Profesionales: el visado de los trabajos profesionales.
En la actualidad, todavía planea la estilizada figura de la hoja recta, cortante y punzante de la espada de Damocles sobre la cabeza de los Colegios Profesionales atada de un fino hilo denominado Ley de Servicios Profesionales.
En España, hay cerca de millón y medio de profesionales colegiados que representan algo más del 6% del empleo directo y un 8,8% del empleo indirecto, siendo su impacto en el PIB del 8,8% y aportando un valor añadido bruto del 10%.
Los Colegios Profesionales vienen demostrando que representan a unos eficaces colaboradores de la Administración en su función de control delegado, eficiente y especializado, que previene el intrusismo y que refuerza la calidad de los trabajos profesionales.

A lo largo de su historia, los Colegios Profesionales han fomentado el libre comercio, la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología y el desarrollo empresarial.
No obstante, lo más relevante de los Colegios Profesionales es su papel fundamental de representación de protección para la sociedad y los consumidores, garantizando una prestación de un servicio profesional de calidad y seguro, en cuanto a la responsabilidad civil derivada de una mala práctica profesional.”

La necesaria existencia de los colegios profesionales

 

colegios

Los que estamos convencidos de la necesidad de un colegio profesional de archiveros, bibliotecarios y documentalistas en la Comunidad de Madrid, no necesitamos más justificaciones ni explicaciones del porqué, sin embargo aquí podemos leer un interesante artículo sobre lo que representan las profesiones colegiadas en el conjunto de la economía española, escrito por José C. Losilla Rayo, Presidente del Colegio Oficial de la Ingeniería Técnica Minera de Ciudad Real, y publica en Lanza Digital:

“El nacimiento de los Colegios Profesionales en Europa en el siglo XI, como asociaciones de trabajadores (craft-guilds) que incorporaban intereses profesionales y particulares, tuvo un resultado importante, dando lugar al surgimiento de las universidades en Bolonia, París y Oxford en todo el año 1200.

En España, se comenzaron a impulsar desde los claustros de las universidades como órganos de agrupación de profesionales en pro de la defensa de sus derechos, siendo los primeros colegios los relacionados con actividades sanitarias y jurídicas.
Desde su origen hasta la actualidad, los Colegios Profesionales han sobrevivido a los envites de la cambiante legislación, habiéndose modificado el articulado de la legislación vigente (Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales) en numerosas ocasiones aunque ha mantenido la misma estructura que poseía en origen.

Esta Ley define a los Colegios Profesionales como “corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.”

Actualmente, la Constitución Española ampara la creación de los Colegios Profesionales en los artículos 26 y 36, respectivamente.

Como se desprende de esta legislación, los Colegios Profesionales, en España, desempeñan un triple papel:

  • La ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación exclusiva de las mismas y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, contribuyendo, de este modo, a garantizar una mayor eficacia y operatividad.
  • Elaboran orientaciones éticas (códigos de deontología profesional).
  • Disponen de la posibilidad de sancionar a los colegiados que incumplan los dictados de los códigos deontológicos.

Con la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (Ley Ómnibus) se han incorporado a la normativa de los Colegios Profesionales el desempeño de las profesiones bajo libre competencia, el cumplimiento de la leyes de defensa de la competencia y competencia desleal, así como diversos trámites de adaptación de requisitos de colegiación a esta Ley.

Además, la publicación del R.D. 1000/2010, de 5 de agosto, sobre el visado colegial obligatorio, ha menoscabado uno de los conceptos sobre los que se asientan los Colegios Profesionales: el visado de los trabajos profesionales.
En la actualidad, todavía planea la estilizada figura de la hoja recta, cortante y punzante de la espada de Damocles sobre la cabeza de los Colegios Profesionales atada de un fino hilo denominado Ley de Servicios Profesionales.
En España, hay cerca de millón y medio de profesionales colegiados que representan algo más del 6% del empleo directo y un 8,8% del empleo indirecto, siendo su impacto en el PIB del 8,8% y aportando un valor añadido bruto del 10%.

Los Colegios Profesionales vienen demostrando que representan a unos eficaces colaboradores de la Administración en su función de control delegado, eficiente y especializado, que previene el intrusismo y que refuerza la calidad de los trabajos profesionales.

A lo largo de su historia, los Colegios Profesionales han fomentado el libre comercio, la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología y el desarrollo empresarial.

No obstante, lo más relevante de los Colegios Profesionales es su papel fundamental de representación de protección para la sociedad y los consumidores, garantizando una prestación de un servicio profesional de calidad y seguro, en cuanto a la responsabilidad civil derivada de una mala práctica profesional.”