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El Parlamento Europeo celebra un seminario sobre el Tratado Transatlántico entre EE.UU. y la UE

 

Falta de transparencia, márgenes difusos en los avances de las negociaciones y preocupación sobre los estándares de seguridad. Son, glosadas, las principales polémicas que comienzan a tener repercusión social y que pudieron comprobarse el 17 de noviembre en la sede del Parlamento Europeo en España donde tuvo lugar el seminario ‘Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión – El Parlamento Europeo decide’. Basta, con echar un vistazo al hashtag #PEdecideTTIP que logró ser tendencia en Madrid. La jornada, necesaria por razones obvias, dejó unas conclusiones preliminares sobre las que conviene reflexionar.

Falta de transparencia

«Los asistentes a este seminario destacan la importancia de la transparencia de las negociaciones y el debate plural, y, especialmente, las organizaciones sindicales reclaman diálogo social. Se ha criticado el acceso limitado a la documentación de las negociaciones del tratado».

Se trata de la primera conclusión y más característica que dejó el seminario. El foco esencial de las críticas se relacionó con el Mandato del Consejo de la Unión Europea en el que establece las directrices de negociación sobre las que transitar. Un documento que estaba listo el 17 de junio del 2013 y que no ha sido hecho público hasta el 9 de octubre del 2014, si bien, fue filtrado. No obstante, Jochen Müller, analista político de la Comisión Europea, incidió en que se trata de una de las negociaciones comerciales que han tenido una mayor difusión hacia los estamentos sociales.


Márgenes de las negociaciones

«El debate pone de manifiesto que el mecanismo de resolución de conflictos (ISDS) es uno de los asuntos que más controversia y rechazo provocan, entre ellos el grupo socialista, los sindicatos y gran parte de la sociedad civil. Todavía no está decidida su inclusión definitiva en el tratado, a la espera de la consulta ciudadana, y, en cualquier caso, se propone un método nuevo que evite abusos por parte de las empresas y proteja la libertad de los Estados para legislar».

Santiago Fisas, eurodiputado por el Partido Popular Europeo, fue uno de los ponentes del seminario que se mostró más favorable a la implementación del ISDS, «aunque con limitaciones». Al igual que Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada por los Socialistas y Demócratas que, incluso, fue más allá al afirmar que «no tendría que ser necesario». Asimismo, destacó como una de los temas a abordar en las negociaciones «el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales para llevar a cabo, por ejemplo, asuntos de contratación pública».


Preocupación sobre los estándares de seguridad

«Los participantes en el seminario ponen de manifiesto los resultados de los distintos estudios sobre la repercusión del tratado, que van desde positivas perspectivas de crecimiento a conclusiones que alertan sobre pérdida de empleos».

Como puso de manifiesto, Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo, «también deben ser tenidos en cuenta diversos estudios que plantean otros impactos de carácter económico que tendrían un signo negativo». Por ejemplo, como el estudio publicado por la Universidad de Tufts en EE.UU., que sostiene, entre otras argumentaciones, una reducción aproximada de 600.000 empleos en la UE con especial incidencia en los servicios, de aprobarse el TTIP.

En definitiva, estamos ante unas negociaciones de gran envergadura política y económica que, hasta el momento, avanzan más rápido que el procesamiento y alcance social debido, fundamentalmente a un grado de transparencia insuficiente que limita el poder de reacción de la sociedad civil. La próxima ronda negociación del TTIP que está prevista para el mes de enero del 2015 ofrece una nueva oportunidad para mejorar la interacción de la UE con los ciudadanos.

Fuente: Blog Carlyle no tenía razón

Bajas temerarias: pobreza para los profesionales e inseguridad para los ciudadanos

Bajas temerarias: pobreza para los profesionales e inseguridad para los ciudadanos.

Existe un fenómeno creciente basado en el criterio con el que las administraciones gestionan las adjudicaciones públicas. Nos referimos a las bajas temerarias, asunto agudizado por la crisis que empieza a cobrar especial relevancia y cuya explicación radica en el siguiente proceso: «las administraciones públicas cada vez convocan menos concursos debido a la falta de dinero para inversión; a los pocos que hay, se presentan cada vez más empresas; y las compañías ajustan los precios todo lo que pueden» (1).Por un lado, los entes públicos defienden este método de contratación, pero por otro, los profesionales comienzan cada vez más a denunciar que estas bajadas temerarias en los precios para obtener las adjudicaciones pueden atentar seriamente contra la calidad y la seguridad de los ciudadanos. Precisamente, el 15 de octubre, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria (CICCP) organizaba una jornada al respecto, titulada Consecuencias de las actuales bajas en la contratación pública: ¿ventaja competitiva o temeridad?.
 

Problemática social y económica debido a las bajas temerarias 

El mecanismo es sencillo. Por ejemplo, cuando una administración saca a concurso un proyecto público con un precio de licitación tasado en 200.000 euros, las empresas que se presentan compiten hasta que una de ellas ofrece el precio más bajo y se hace con la adjudicación. ¿Cuál es la cuantía de estas bajadas?, «la media supera el 35%» según Enrique Conde Tolosa, decano del CCIP. Además, señaló a modo de conclusión de la jornada que «las bajas actuales no son el camino adecuado para ahorrar, sino que son destructivas para el tejido empresarial y para los trabajadores, que hay que hacer algo y nuestros responsables políticos deben reflexionar y buscar una solución de manera conjunta con los profesionales» (2). Sin embargo, uno de los argumentos más repetidos desde los entes públicos es que adjudicar con una mayor ponderación el precio más bajo, libera de recursos monetarios para invertir en otras áreas, algo que finalmente apenas sucede. En cualquier caso, esta política sesgada, implica una serie de riesgos que los profesionales comienzan a rechazar por dos motivos fundamentales: conlleva menor seguridad para los ciudadanos y degrada las condiciones laborales y de ejercicio.

Si pensamos en la ejecución de una serie de infraestructuras públicas caracterizada por una reducción de costes por debajo del nivel de mercado que no cumplan o apenas rayen las mínimas condiciones de calidad nos enfrentamos a una serie consecuencias:

  • Un probable mayor coste de ejecución que sobrepase el precio de adjudicación. (En ocasiones el precio adjudicado no cubre los mínimos pactados de realización en la práctica.)
  • Mayor mantenimiento a lo largo del tiempo de esas infraestructuras con implicaciones sobre la seguridad.
  • Riesgo de menor independencia de criterio de los profesionales en la realización si están sujetos por régimen asalariado.

Por otro lado, no debemos olvidar que la falta de oportunidades laborales puede generar incentivos para prestar servicios profesionales por debajo del precio de mercado en situaciones de necesidad. En este sentido, desde la sociedad civil debería emanar el criterio de equilibrio que contemplara no solo el precio sino también los elementos cualitativos y de seguridad que entrañan. La labor de las organizaciones colegiales en este campo es primordial y debería estar más presente.

Conexión con pobreza

Esta situación conlleva asimismo una asociación a pobreza. Un tema que fue tratado recientemente, por Ana I. Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social en la conferencia celebrada en la Comisión EuropeaEl Objetivo Europeo 2020 sobre pobreza, donde abogó por la necesidad de una coordinación entre política social y política fiscal (recogido en la revista Profesiones 151).Igualmente, el propio Consejo Económico y Social (CES) junto con los CES del sur de europa, coordinará el Informe conjunto sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la región euromediterránea que responde al llamamiento de tomar medidas concretas para reducir la pobreza con especial incidencia en la educación y la mejora al acceso a infraestructuras y servicios básicos. Por tanto, continuar con este tipo de políticas —bajas temerarias, menor inversión pública, etc.— en la administración pública contribuirá a seguir en este bucle de precarización en la situación de los profesionales y pauperización en los servicios e infraestructuras públicas.

Mientras, los efectos ya se dejan notar de acuerdo al decano del CICCP, Enrique Conde«las empresas pierden competencia profesional, capacidad económica y calidad técnica, además del retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores».
Notas al pie: 
1. El Diario Montañes, pág 6; 16/10/2014
2. El Diario Montañes, pág 26; 21/10/2014 
Imagen. Larepublica.co

Fuente: Blog Carlyle no tenía razón.